El fiscal federal Federico
Delgado pidió hoy el procesamiento de los ex secretarios de Transporte Juan
Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y subsecretario Antonio Luna, de los empresarios
Claudio Cirigliano y Antonio Cirigliano y del motorman Marcos Antonio Córdoba,
entre otros, por la causa de la tragedia ferroviaria que provocó 51 muertos en
la estación Once.
Fuentes judiciales informaron que
el fiscal lo requirió así mediante un extenso dictamen presentado ante el juez
federal Claudio Bonadío, en el que dividió a los imputados en dos grupos: por
un lado a miembros del grupo Cirigliano y al maquinista, y por el otro a los
"funcionarios públicos con competencia en la materia del transporte".
"Lo decisivo, para este caso, pasa por captar que hubo muchas
negligencias y que no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas
fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero. Schiavi, Jaime y
Luna no implementaron decisiones de control", dijo el fiscal, en
referencia a los ex funcionarios y a Guillermo Antonio Luna, ex subsecretario
de Transporte.
En tanto, consideró que "los
integrantes del grupo Cirigliano se guiaron por un frío interés de lucro, al
que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de
concesión".
"Todos ellos desencadenaron
sus ´negligencias´ y causaron el resultado", argumentó el fiscal.
"Las razones que nos llevan
a solicitar al señor juez que resuelva de tal manera se sustentan en los
numerosos elementos probatorios reunidos en la causa y que fueron enumerados al
momento de que cada uno de los nombrados realizara su respectivo acto de
defensa", añadió en la presentación.
En el grupo
"Cirigliano", Delgado pidió procesar a Carlos Michele Ferrari,
presidente de TBA; a Jorge de los Reyes, vicepresidente y gerente de Ingeniería
y Obras de Inversión; a Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; a los
directores de TBA Carlos Esteban Pont y Francisco Adalberto Pafumi; a Miguel
Werba, director suplente y accionista de Cometrans SA; a Daniel Rubio, gerente
de administración y finanzas de TBA; a Jorge Alvarez, vicepresidente de TBA; y
a Laura Aída Ballesteros, directora de TBA, entre otros.
El listado también incluye a los directores
de TBA Víctor Astrella, Antonio Marcelo Suárez, Guillermo D´Abenigno; a los
suplentes Gustavo Zeni Jaunsaras y Víctor Heinecke; a los directores de
Cometrans Alejandro Lopardo y José Doce Porta; a Marcelo Alberto Calderón; a
Sergio Tempone, gerente de operaciones; a Roque Cirigliano, gerente de material
rodante.
Están además Daniel Lodola,
gerente de la línea Sarmiento; a Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; a
Luis Ninona, jefe de material rodante y gerente de las líneas Mitre y Sarmiento,
Santiago Kaplun, accionista de TBA; al abogado Carlos Alberto Lluch, apoderado
de TBA y al maquinista Córdoba.
En cuanto a los ex funcionarios,
Delgado requirió el procesamiento de Schiavi, Jaime, Luna; de Pedro Ochoa
Romero, Interventor de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desde
el 9 de febrero de 2004, y de Antonio Sícaro, interventor de la CNRT.
Para el fiscal, existieron
"distintas responsabilidades de los funcionarios públicos, de los
directivos de la firma Trenes de Buenos Aires y del maquinista".
Delgado consideró que los
imputados deben ser procesados bajo la figura de "estrago culposo",
el cual prevé "prisión de seis meses a tres años el que por imprudencia o
negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro
accidente".
Respecto a empresarios y
funcionarios públicos, Delgado sostuvo que "desviaron una gran cantidad de
caudales públicos que, si bien estaban dirigidos al proyecto ferroviario, no
llegó a su destino".
"Si bien los peritajes
contables aún no han finalizado, sólo será la frutilla del postre que
demostrará, con certeza, una realidad que se observa a primera vista. Lo que sí
sabemos, repetimos, es que las transferencias efectuadas por el Estado Nacional
a favor de TBA equivalentes al monto de un mil novecientos veinticuatro
millones seiscientos veinticinco mil setecientos cincuenta y cinco pesos
(1.924.625.755,67) no fueron a parar a donde debían", acusó.
En ese sentido, señaló que los
funcionarios y los empresarios deben ser procesados, según su criterio, por
"peculado", ya que sobre los primeros en su "área de competencia
se produjo el desvío", y los segundos "porque sin sus comportamientos
la sustracción no hubiese ocurrido".
La tragedia ferroviaria ocurrió
el pasado 22 de febrero cuando una formación del ramal Sarmiento de TBA impactó
contra el parachoques del andén de la estación de Once, lo que provocó 51
muertos y más de 700 heridos.
Luego de semanas del accidente
renunció Schiavi y el Gobierno nacional posteriormente le quitó la concesión
del ramal a la empresa TBA.
