Solicitaron informes por la concesión a TBA sin licitación del tren El Gran Capitán

Solicitaron informes por la concesión a TBA sin licitación del tren El Gran Capitán

Los diputados Manuel Garrido, Elsa Álvarez, Julio César Martínez, Mario Fiad, Fabián Rogel, Luis Sacca, Jorge Albarracín, Mariana Juri, Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Juan Pedro Tunessi solicitaron al Poder Ejecutivo de la Nación, brinde a la brevedad la información vinculada con el funcionamiento del tren de pasajeros que une la ciudad de Posadas con la ciudad de Buenos Aires, trayecto que hasta diciembre de 2011 realizaba la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. a través de la formación denominada “El Gran Capitán”.

En particular, se solicita que informe sobre lo que se detalla a continuación y remita, en cada caso, copia de la documentación:

1. Los informes de auditoría y control realizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –CNRT- durante el período 2003-2011, en el que la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. explotó el servicio que une la ciudad de Posadas con la ciudad de Buenos Aires y las razones que dieron lugar a la rescisión del contrato entre la provincia de Corrientes y dicha empresa ferroviaria. Se solicita que se remita copia de los informes, muy especialmente si alguno de ellos señaló la existencia de fallas de seguridad.

2. Las fechas en que la empresa TEA S.A. fue debidamente notificada de los informes realizados por la CNRT. Se solicita que remita copia de las constancias de recepción de dichos informes. 

3. Los fundamentos que dieron lugar a la solicitud de la Secretaría de Transporte de la Nación al gobierno de la provincia de Corrientes para la rescisión del contrato con la empresa Trenes Especiales S.A.

4. Los fundamentos que esgrimió la Secretaría de Transporte de la Nación para justificar la denegatoria del permiso de circulación que tuviera TEA S.A. sobre el ramal de la Línea Urquiza.

5. Las razones que explican que la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. haya explotado, aun cuando no contaba con el permiso de circulación de la Secretaría de Transporte de la Nación, el servicio de trenes entre Posadas y la ciudad de Buenos Aires.

6. Los criterios utilizados por la Secretaría de Transporte de la Nación para el otorgamiento de subsidios públicos a diferentes empresas ferroviarias, si se otorgaron subsidios a Trenes Especiales Argentinos S.A., y en ese caso los montos y oportunidad. En su defecto, las razones que motivaron la no concesión de subsidios nacionales a la citada empresa.

7. Los mecanismos y procedimientos utilizados (licitación, concurso, contratación directa u otro) para la selección de la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. como nueva concesionaria del servicio de trenes entre Misiones y Buenos Aires.

8. Los antecedentes presentados por la empresa TBA S.A. para ser adjudicataria del servicio ferrocarril que une las provincias de Misiones y Buenos Aires.

9. Los fundamentos que dieron lugar a la selección de TBA. S.A. para la explotación de dicho servicio.

10. Las empresas que se presentaron a la correspondiente licitación del servicio ferroviario entre las provincias de Misiones y Buenos Aires. 

11. Sobre la existencia de comunicaciones entre el titular del Ente Bicameral Yaciretá y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el Arq. Julio De Vido.

12. La fecha de la rescisión del contrato de concesión de Trenes Especiales Argentinos S.A. para el trayecto Posadas – Buenos Aires.

13. La fecha en que dicha rescisión fue notificada a la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. y en caso de que ésta difiera de la fecha en que

empezó a surtir efecto la rescisión, los motivos de la demora en la comunicación por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación.

14. Los contratos de concesión vigentes a la fecha entre el Estado Nacional y la empresa América Latina Logística (ALL).

15. Informe sobre el nivel de cumplimiento de las tareas de mantenimiento de las vías que realiza la empresa América Latina Logística, de acuerdo a las obligaciones contractuales a las que está sometida.

16. Copia de los informes de auditoría realizados por la Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional del Transporte sobre el accionar de la empresa América Latina Logística en los años 2010 y 2011. Específicamente, se solicita información acerca del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa durante el período señalado.

17. Los sucesos ocurridos el día 13 de noviembre de 2011, en los que una formación del ferrocarril que cubría el tramo entre Posadas y la estación Federico Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires, habría sido desviada poco después de llegar a la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones, por representantes del gremio La Fraternidad.

18. Cualquier otra información que pueda servir al presente pedido de informes.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Hace pocos días hemos sido testigos de una de las mayores tragedias ferroviarias ocurridas en nuestro país. El accidente del día 22 de febrero de 2012 en la estación Once, que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, es consecuencia de un sistema que esconde un entramado de corrupción y negocios entre el sector público y el privado.

La privatización del transporte ferroviario a principios de los 90, como parte de una política más amplia de reforma del Estado, no sólo no mejoró el servicio en lo que respecta a los trenes de cargas como a los de pasajeros, sino que dejó aislados a pueblos enteros del interior de nuestro país, obligando a los usuarios a utilizar otros medios de transporte más caros, más lentos y no siempre disponibles.

La ausencia de controles estatales, sumado a la connivencia de funcionarios públicos con los grupos empresarios concesionarios del servicio, generó un sistema de mala calidad, altamente inseguro e ineficiente, que necesita de los millones de pesos que recibe en concepto de subsidios públicos para poder funcionar. Dichos subsidios, que han sido entregados bajo criterios discrecionales, sin atender a los informes de auditoría realizados tanto por organismos externos a la Administración Pública como por entes reguladores –la CNRT- poco sirvieron para mejorar el transporte de pasajeros. Por el contrario, lo que vemos es el crecimiento desmedido de las empresas prestatarias del servicio, que fueron ganando cada vez más negocios. Estos hechos, denunciados en reiteradas oportunidades, involucraron a funcionarios públicos que hoy están siendo juzgados en la justicia federal.

El creciente deterioro de los ferrocarriles existentes y la ausencia de servicios al interior del país ha sido objeto de promesas de solución por parte del Poder Ejecutivo desde el año 2004. La emisión del Decreto Nº 1261 de 2007, por el cual el Estado Nacional reasumía la prestación del servicio de trenes de pasajeros de larga distancia, fue un intento de recuperar el rol estatal en la política ferroviaria. En 2005 se promulgó también la Ley 26.352 por la cual se creaba la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado por la cual se buscaba reordenar el sistema de ferrocarriles en la Argentina. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido mejoras sustantivas y el gobierno continúa, por acción un omisión, favoreciendo a las empresas prestatarias del servicio.

En esta Cámara el oficialismo ha obstaculizado el tratamiento de diferentes proyectos de ley y pedidos de informes tendientes a conocer el estado y regularizar el servicio de ferrocarriles en la Argentina.

Las repetidas fallas de los trenes de los principales ramales que unen la Ciudad de Buenos Aires con las localidades del Gran Buenos Aires y la ausencia de medidas gubernamentales denotan la falta de un plan ferroviario en la Argentina. Esto no imposibilitó al gobierno nacional continuar con su política de subsidios sin control, favoreciendo una y otra vez a empresarios “amigos” del sector.

La tragedia ocurrida en Once deja al descubierto este entramado descrito y la relación espuria entre funcionarios públicos y el sector privado. La empresa Trenes de Buenos Aires S.A., concesionaria del servicio, está siendo investigada por la Justicia a raíz de los hechos ocurridos. Sin embargo, desde hace años es cuestionada por los servicios prestados a pesar de los subsidios recibidos.

Un dato llamativo, que toma mayor relevancia a partir del lamentable accidente, es la entrega a la empresa TBA, a finales de 2011, del servicio ferroviario que une las provincias de Misiones y Buenos Aires, lo que habría ocurrido sin licitación alguna.

Como es de conocimiento de los Sres. y Señoras Diputados/as –ha sido puesto de manifiesto en otros pedidos de informes realizados por algunos de mis colegas- este servicio era prestado por la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. a partir de un convenio firmado con la provincia de Corrientes en mayo de 2003.

Sin embargo, según un comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación, el día 14 de noviembre de 2011 este servicio era prestado de manera irregular y sin autorización por la empresa TEA. Es difícil de entender cómo dicho organismo permitió que esto sucediera, más teniendo en cuenta que una de las razones esgrimidas para la suspensión del servicio fueron las dificultades presentadas que acarreaban riesgos para la seguridad de los usuarios.

Paradójicamente, y luego de invocar el factor seguridad, se concesionó la explotación del servicio a TBA, que apenas dos meses después ha demostrado trágicamente que en esa materia no exhibía parámetros mínimamente aceptables, saliendo a la luz una evidente complicidad del Ejecutivo nacional con la citada empresa.

La nueva concesión no ha hecho inversiones, ha reducido la frecuencia del servicio y aumentado las tarifas, siendo los pasajeros los principales damnificados.

La precariedad del servicio ferroviario en la Argentina, que esconde graves hechos de corrupción y provoca trágicos accidentes merece que, como representantes de los intereses del pueblo, trabajemos en la búsqueda de soluciones. Es por ello que presentamos este Proyecto de Resolución y les solicitamos a los Sres. Diputados y Sras. Diputadas que acompañen con su voto afirmativo.