Lo que dice una bala
Mañana comienza el juicio a José
Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra. Además de establecer la
responsabilidad penal, será una radiografía de época, en la que podrán
apreciarse los efectos de la violencia institucional, el sindicalismo
empresarial, la precarización del empleo, la corrupción de la justicia y el
sistema judicial paralelo operado por los organismos de Inteligencia. En cambio
volvió a postergarse en La Rioja
el juicio por el asesinato de los curas Murias y Longueville.
Por Horacio Verbitsky
Mañana comenzarán en la Capital las audiencias del
juicio al ex presidente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el asesinato
del estudiante Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, cuando se retiraba de
una concentración política con reclamos laborales. La bala que a sus 23 años
mató al militante del Partido Obrero está cargada de múltiples sentidos, por lo
que el proceso judicial constituye una precisa radiografía de época: refleja la
patética parábola de un dirigente gremial que involucionó de las posiciones
combativas contra dos dictaduras antinacionales al sindicalismo empresario,
capaz de matar a un joven militante, muy parecido al que él fue a la misma
edad, en defensa de sus negocios sucios de hoy; la precarización del empleo que
en la década de 1990 privó a un gran número de trabajadores de sus derechos
adquiridos, al mismo tiempo que se desguazaba la primera red ferroviaria de
Latinoamérica; la violencia institucional que en vez de cuidar a quienes se
organizan contra ese desmedro, protege y encubre a quienes los corren a tiros;
el maelstrom judicial, donde coexisten magistrados eficientes e impecables con
la corrupción sistémica que vende impunidad a buen precio, en combinación con
los servicios de Inteligencia, que han desarrollado una política judicial
paralela. Sería excesivo pretender que un simple proceso penal limpiara tanta
podredumbre, pero al menos permitirá su amplia exposición, como prerrequisito
imprescindible para transformar sus múltiples aspectos.
El reverso riojano
El martes debía comenzar en La Rioja otro proceso simbólico
de una época y revelador sobre los pliegues de una institución central de la
vida política del país, la
Iglesia Católica, por el asesinato el 18 de julio de 1976 de
sus sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ambos formaban parte
de la pastoral popular del obispo Enrique Angelelli, quien caería dos semanas
después en un falso accidente de tránsito. El Episcopado aceptó esa versión
como verdad revelada, pese a que Angelelli había informado en detalle a sus
colegas del hostigamiento y las amenazas que padecía. Pero la apertura del
juicio volvió a suspenderse por problemas de salud del ex comisario Domingo
Benito Vera, uno de los imputados junto con el ex general Luciano Menéndez y el
comodoro Luis Fernando Estrella. El peritaje fue realizado por médicos del
Poder Judicial riojano, pese a que el proceso es federal, lo cual permite que
actúen las tramas de poder provincial que se remontan a los años del Estado
Terrorista: un hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia
riojano, Mario Pagotto, es defensor del ex comisario Vera, y un hermano de Vera
es camarista provincial. El presidente del tribunal, José Camilo Quiroga
Uriburu, sostuvo que “la
Junta Médica dictamina que
Vera no puede asistir al comienzo
del debate”, cuando en realidad el dictamen sólo dijo que “no considera
oportuna la comparecencia” pública del procesado. El fiscal Carlos Gonella
considera el nuevo aplazamiento una intolerable falta de respeto y lo
denunciará ante la
Unidad Fiscal de Derechos humanos de la Procuración General
y el Consejo de la
Magistratura. Este proceso, que aún no comienza, tardó 36
años, el de Mariano Ferreyra llega cuando aún no se han cumplido 22 meses de su
asesinato. Esta es una forma de calibrar los cambios ocurridos en las
instituciones argentinas y, en particular, en la Justicia y su relación
con el poder político. Los de Murias, Longueville y Angelelli fueron crímenes
cometidos y encubiertos desde el Estado Terrorista, que impidió cualquier
investigación. En el de Mariano Ferreyra actuaron agentes estatales, pero a
diferencia de entonces, no funcionó un aparato organizado de poder para
garantizar la impunidad de los acusados. Por el contrario, a menos de 24 horas
del crimen, la presidente CFK recibió en Olivos a un compañero de los atacantes
que estaba dispuesto a contar lo que sabía si se garantizaba su seguridad, y lo
hizo acompañar al juzgado, donde declaró con reserva de su identidad. Fue
Néstor Kirchner, en las últimas horas de su vida quien anunció que el caso
estaba esclarecido y que de inmediato comenzaría la detención de sus autores,
tal como ocurrió.
Jueces y jueces
La investigación que llevaron
adelante los fiscales Cristina Camaño y Fernando Fiszer y la jueza Susana Wilma
López comenzó por identificar y procesar a los ocho autores materiales,
integrantes de la patota reclutada por la Unión Ferroviaria.
Luego fueron por los instigadores del crimen y así llegaron hasta el secretario
general de la Unión
Ferroviaria. En una tercera etapa procesaron a seis jefes de la Policía Federal
que fueron partícipes necesarios del crimen, al liberar la zona para que
actuaran los homicidas, no identificarlos ni detenerlos después del crimen, y
anular los instrumentos tecnológicos de registro de voz e imagen útiles para
determinar responsabilidades. En cambio, la paralela causa a cargo del juez
Luis Osvaldo Rodríguez no avanzó del mismo modo. El juez no admitió como
querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y
detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles
sobornos o tráfico de influencias entre imputados, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de
Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal Sandro Abraldes,
hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la
empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya
disponibles, Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril
Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar
la libertad de Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el
monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el
contacto con la Cámara
de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien
habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo
Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Los dos últimos ya
renunciaron, pero el Procurador General interino Luis González Warcalde apartó
de la causa al fiscal que le dio tanto impulso.
Cuando la investigación buscó
detectar algún nexo entre el homicidio y el conflicto gremial que los empleados
tercerizados mantenían con la empresa Ugofe y la cúpula sindical, se llegó a
conocer que Pedraza y sus allegados se apoderaban de una parte de los subsidios
estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los trabajadores
precarios, quienes por la misma tarea percibían un salario mucho menor que los
contratados en planta permanente. En varias de las cooperativas truchas que los
emplean, participan dirigentes del gremio o sus familiares. La tercerización
fue uno de los instrumentos maestros del neoliberalismo para suprimir la
protección laboral del estado de bienestar, puesto en crisis por el golpe de
1955, cuyo desmantelamiento se inició en 1976 y se llevó hasta sus últimas
consecuencias en la década de 1990. Sólo se permitía la afiliación al gremio a
los trabajadores de la planta permanente, con lo cual el gremio controlaba que
quienes disentían con la conducción de Pedraza no accedieran a ese privilegio.
