JUICIO A PEDRAZA POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

Lo que dice una bala

Mañana comienza el juicio a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra. Además de establecer la responsabilidad penal, será una radiografía de época, en la que podrán apreciarse los efectos de la violencia institucional, el sindicalismo empresarial, la precarización del empleo, la corrupción de la justicia y el sistema judicial paralelo operado por los organismos de Inteligencia. En cambio volvió a postergarse en La Rioja el juicio por el asesinato de los curas Murias y Longueville.

Por Horacio Verbitsky

Mañana comenzarán en la Capital las audiencias del juicio al ex presidente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, cuando se retiraba de una concentración política con reclamos laborales. La bala que a sus 23 años mató al militante del Partido Obrero está cargada de múltiples sentidos, por lo que el proceso judicial constituye una precisa radiografía de época: refleja la patética parábola de un dirigente gremial que involucionó de las posiciones combativas contra dos dictaduras antinacionales al sindicalismo empresario, capaz de matar a un joven militante, muy parecido al que él fue a la misma edad, en defensa de sus negocios sucios de hoy; la precarización del empleo que en la década de 1990 privó a un gran número de trabajadores de sus derechos adquiridos, al mismo tiempo que se desguazaba la primera red ferroviaria de Latinoamérica; la violencia institucional que en vez de cuidar a quienes se organizan contra ese desmedro, protege y encubre a quienes los corren a tiros; el maelstrom judicial, donde coexisten magistrados eficientes e impecables con la corrupción sistémica que vende impunidad a buen precio, en combinación con los servicios de Inteligencia, que han desarrollado una política judicial paralela. Sería excesivo pretender que un simple proceso penal limpiara tanta podredumbre, pero al menos permitirá su amplia exposición, como prerrequisito imprescindible para transformar sus múltiples aspectos.

El reverso riojano

El martes debía comenzar en La Rioja otro proceso simbólico de una época y revelador sobre los pliegues de una institución central de la vida política del país, la Iglesia Católica, por el asesinato el 18 de julio de 1976 de sus sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ambos formaban parte de la pastoral popular del obispo Enrique Angelelli, quien caería dos semanas después en un falso accidente de tránsito. El Episcopado aceptó esa versión como verdad revelada, pese a que Angelelli había informado en detalle a sus colegas del hostigamiento y las amenazas que padecía. Pero la apertura del juicio volvió a suspenderse por problemas de salud del ex comisario Domingo Benito Vera, uno de los imputados junto con el ex general Luciano Menéndez y el comodoro Luis Fernando Estrella. El peritaje fue realizado por médicos del Poder Judicial riojano, pese a que el proceso es federal, lo cual permite que actúen las tramas de poder provincial que se remontan a los años del Estado Terrorista: un hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia riojano, Mario Pagotto, es defensor del ex comisario Vera, y un hermano de Vera es camarista provincial. El presidente del tribunal, José Camilo Quiroga Uriburu, sostuvo que “la Junta Médica dictamina que

Vera no puede asistir al comienzo del debate”, cuando en realidad el dictamen sólo dijo que “no considera oportuna la comparecencia” pública del procesado. El fiscal Carlos Gonella considera el nuevo aplazamiento una intolerable falta de respeto y lo denunciará ante la Unidad Fiscal de Derechos humanos de la Procuración General y el Consejo de la Magistratura. Este proceso, que aún no comienza, tardó 36 años, el de Mariano Ferreyra llega cuando aún no se han cumplido 22 meses de su asesinato. Esta es una forma de calibrar los cambios ocurridos en las instituciones argentinas y, en particular, en la Justicia y su relación con el poder político. Los de Murias, Longueville y Angelelli fueron crímenes cometidos y encubiertos desde el Estado Terrorista, que impidió cualquier investigación. En el de Mariano Ferreyra actuaron agentes estatales, pero a diferencia de entonces, no funcionó un aparato organizado de poder para garantizar la impunidad de los acusados. Por el contrario, a menos de 24 horas del crimen, la presidente CFK recibió en Olivos a un compañero de los atacantes que estaba dispuesto a contar lo que sabía si se garantizaba su seguridad, y lo hizo acompañar al juzgado, donde declaró con reserva de su identidad. Fue Néstor Kirchner, en las últimas horas de su vida quien anunció que el caso estaba esclarecido y que de inmediato comenzaría la detención de sus autores, tal como ocurrió.

Jueces y jueces

La investigación que llevaron adelante los fiscales Cristina Camaño y Fernando Fiszer y la jueza Susana Wilma López comenzó por identificar y procesar a los ocho autores materiales, integrantes de la patota reclutada por la Unión Ferroviaria. Luego fueron por los instigadores del crimen y así llegaron hasta el secretario general de la Unión Ferroviaria. En una tercera etapa procesaron a seis jefes de la Policía Federal que fueron partícipes necesarios del crimen, al liberar la zona para que actuaran los homicidas, no identificarlos ni detenerlos después del crimen, y anular los instrumentos tecnológicos de registro de voz e imagen útiles para determinar responsabilidades. En cambio, la paralela causa a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez no avanzó del mismo modo. El juez no admitió como querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles sobornos o tráfico de influencias entre imputados, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal Sandro Abraldes, hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya disponibles, Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar la libertad de Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el contacto con la Cámara de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Los dos últimos ya renunciaron, pero el Procurador General interino Luis González Warcalde apartó de la causa al fiscal que le dio tanto impulso.

Cuando la investigación buscó detectar algún nexo entre el homicidio y el conflicto gremial que los empleados tercerizados mantenían con la empresa Ugofe y la cúpula sindical, se llegó a conocer que Pedraza y sus allegados se apoderaban de una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los trabajadores precarios, quienes por la misma tarea percibían un salario mucho menor que los contratados en planta permanente. En varias de las cooperativas truchas que los emplean, participan dirigentes del gremio o sus familiares. La tercerización fue uno de los instrumentos maestros del neoliberalismo para suprimir la protección laboral del estado de bienestar, puesto en crisis por el golpe de 1955, cuyo desmantelamiento se inició en 1976 y se llevó hasta sus últimas consecuencias en la década de 1990. Sólo se permitía la afiliación al gremio a los trabajadores de la planta permanente, con lo cual el gremio controlaba que quienes disentían con la conducción de Pedraza no accedieran a ese privilegio.