El abogado Gregorio Dalbón, que
representa a unas 400 víctimas del choque de tren, dijo que temen que el
funcionario sea dejado de lado y ni siquiera se le tome declaración
indagatoria.
"No queremos decir que está
condenado a priori, queremos que ejerza su derecho de defensa. Pero no queremos
ir al juicio oral sin el ministro de Planificación, Julio De Vido,
imputado". Las palabras pertenecen al abogado Gregorio Dalbón que
representa a unas 400 víctimas del choque de tren en la estación de Once en el
que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
Esta mañana, el juez de la causa,
Claudio Bonadio cerró la instrucción y ordenó que se eleve el caso a juicio
oral , tres días hábiles después de que la Sala II de la Cámara Federal
agravara los procesamientos de los dos ex funcionarios que condujeron la
política de Transporte K. Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otras
medidas.
El viernes 11, la Sala II los procesó
por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo por su
responsabilidad en la falta de control que derivó en la Tragedia de Once.
La misma calificación -mayor a la que
había impuesto el juez Claudio Bonadio cuando los procesó en octubre pasado-
les corresponde al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, y a
los ex interventores en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT),
Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro. Bonadio había procesado a los ex
funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario
público y abuso de autoridad. Sícaro, ex asesor del ministro del Interior y
Transporte, Florencio Randazzo, había sido sobreseído por el juez.
A principios de diciembre pasado,
Dalbón le había pedido al juez que procesara e indagara a De Vido por
considerarlo el jefe de una asociación ilícita formada por funcionarios del
Estado, empresarios y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que
formaron "una cadena de la felicidad" destinada a aumentar sus
ganancias. También que citara a declarar a Cristina Kirchner en la causa. Pero,
según explicó el abogado a Clarín.com, el magistrado elevó la causa a juicio
oral sin expedirse sobre el procesamiento ni la indagatoria al ministro.
"Nuestro temor es que De Vido
sea dejado de lado en la causa. De Vido no se puede escapar de esta causa. Es
muy difícil que un ministro desconozca la administración fraudulenta que la
Sala II dijo que hubo. Por eso sería muy bueno que se lo indague y que se
defienda ante la sociedad", dijo Dalbón.
Además, "la causa se elevó a
juicio oral cuando aún no está firme la resolución de la Sala II y los
imputados tienen 10 días hábiles para ir a Casación", explicó el abogado
que anticipó que su querella no recurrirá ante ese tribunal de alzada.
"Pero cualquiera de los imputados puede ir a Casación. Y nuestro temor es
que luego surjan nulidades. No se puede ilusionar a las víctimas", señaló.
Para Dalbón, la resolución de la Sala
II impulsó a Bonadio a elevar la causa a juicio oral y hubo un
"apresuramiento". "Al elevar la causa sin resolver la situación
de De Vido corremos el riesgo de que sea dejado de lado y todo se olvide. Y el
ministro es un hombre de suma confianza del Gobierno que tiene que dar
explicaciones", destacó.
POR MARÍA ARCE
Fuente: clarin
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